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miércoles, 2 de febrero de 2011

Senadores priístas y Diputados Federales no dejarán libre a Marín

Exigen auditoría federal por el desvío de 37 mdp en perjuicio de las comunidades indígenas.

Exigen diputados federales del PVEM y el senador priísta, Cleominio Zoreda Novelo, quienes piden que el director general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) que la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación investiguen el presunto desfalco por 37 millones de pesos en perjuicio de diversas comunidades indígenas del estado de Puebla.

Cabe mencionar que dicha comisión fue creada para canalizar recursos y esfuerzos públicos en favor de la población indígena del país, para que ésta supere los rezagos en materia de infraestructura básica mediante programas de apoyo para el desarrollo económico, la construcción de vivienda, la dotación de agua potable, electricidad, desagüe, entre otros.

Advirtieron "Cualquier irregularidad, inconsistencia o anomalía en el ejercicio de los recursos asignados a esta tarea de amplia trascendencia para la administración pública federal, debe ser investigada y, en su caso, sancionada con toda la celeridad y firmeza que la normativa establezca".

Luego de recordar que para este 2011 la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto por más de 9 mil 300 millones de pesos, lo que habla de la importancia que se brinda a los pueblos indígenas.

Comentaron "Sin embargo, durante ejercicios fiscales anteriores se presentaron diversos señalamientos de irregularidades y actos ilícitos en la aplicación de programas de la dependencia, en específico del Programa de Infraestructura Básica para la Construcción de Baños Ecológicos en las Comunidades Indígenas".

Resaltaron que se detectaron en el 2007 anomalías en la aplicación de recursos de la CDI en los municipios de Olintla, Naupan y Tlacuiltotepec en el estado de Puebla en 2007, "por obras que se pagaron y no existen o están mal construidas, pero fueron avaladas por autoridades centrales de la CDI; dos años después se descubrieron nuevas anomalías en los municipios de Olintla, Zapotitlán, Salinas y Ajalpan, los que implicó la denuncia de la propia delegada de la dependencia en Puebla, Anahi Romero Alonso, de que fue obligada por titulares de la CDI a ocultar las anomalías que había detectado. Al final de cuentas, la delegada fue retirada del cargo sin haberse aclarado los motivos de esto", indicaron.

Los legisladores pidieron al Congreso de la Unión que "actúe con rapidez y firmeza para aclarar este asunto y lograr que pueda ser solucionado y, en su caso, sancionados los responsables; por lo que el primero que debe responder ante estas presuntas irregularidades es el director general de la CDI, Xavier Abreu Sierra", por lo que propusieron sea citado a comparecer ante diputados federales.

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